Por Felipe Portales
martes, 12 de junio de 2012
lunes, 22 de agosto de 2011
La Concertación debe explicaciones (II)
Por Felipe Portales
El liderazgo de la Concertación debe explicarle también al pueblo chileno porque abandonó su compromiso de luchar por implantar un modelo económico que promoviera la justicia social, en sustitución del sistema neoliberal impuesto por la dictadura. Precisamente, el objetivo fundamental de la dictadura fue la refundación de Chile sobre bases liberales extremas que promovieran el afán de lucro y consumo, el individualismo y la atomización social, con la consiguiente concentración de la riqueza; de acuerdo a las orientaciones prohijadas por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago.
Era claro que el pueblo chileno nunca habría escogido libremente la implantación de un modelo y un sistema tan atentatorio para sus derechos e intereses fundamentales. Es lo que reconoce desembozadamente Andrés Allamand: “Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones.[1] Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema”.[2]
Evidentemente que sin una política de terrorismo de Estado la sociedad chilena se habría opuesto exitosamente a la obra económico-social de Pinochet: Al desmantelamiento de las importantísimas labores de intervención del Estado en la economía desarrolladas a favor de la igualdad y la protección social; a la destrucción del poder de los sindicatos, juntas de vecinos y de los colegios de profesionales y técnicos; a la introducción de sistemas de educación, salud y previsión social regidos por el afán de lucro; a las privatizaciones efectuadas a vil precio a favor de los grandes grupos económicos; a una ley de concesiones mineras que daba lugar a la reprivatización de la mayor parte de la gran minería del cobre; etc.
Todos los partidos que luego formarían la Concertación se opusieron también, frontal y públicamente, a dicha obra económico-social. Sin embargo, una vez en el gobierno los partidos de la Concertación se “olvidaron” de aquellas críticas y emprendieron políticas económicas de “consenso” con la derecha, que legitimaron y consolidaron las “modernizaciones” de la dictadura en el plano laboral, sindical, previsional, educacional, sanitario, minero, agrícola, industrial, financiero, etc.
De este modo, considerando los aspectos estructurales de la sociedad chilena, vemos que no ha habido ningún cambio relevante entre 1990 y 2010. Observamos el mismo Plan Laboral; las mismas AFP e Isapre; la LOCE cosméticamente transformada en la LEGE; la misma ley de concesiones mineras; la misma ley sobre universidades; el mismo rol subsidiario del Estado; etc.
Y nadie puede explicar legítimamente aquello porque los gobiernos de la Concertación no hubiesen tenido las mayorías parlamentarias para transformar, al menos, gran parte de las estructuras anteriores que no quedaron impuestas en base a leyes orgánicas constitucionales, las que requieren 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. El gobierno de Lagos obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras (gracias a los desafueros de los senadores Pinochet y Errázuriz) entre agosto de 2000 y marzo de 2002. Y el gobierno de Bachelet la logró desde su comienzo, manteniéndola varios años. Sin embargo, ninguno de ellos intentó modificar sustancialmente dichas estructuras en la perspectiva de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población.
La explicación de lo anterior la proporcionó la “eminencia gris” de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997: “Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. En el, Boeninger reconoció que el liderazgo de la Concertación experimentó un vuelco en su pensamiento económico que lo llevó a una “convergencia” con la derecha. Señaló, además, que “en este proceso de convergencia económica tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas democratacristianos los que, en contraste con las décadas del 60 y 70, pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales”. Y que “la inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista, a medida que el exilio hizo a muchos conocer y valorar las prácticas capitalistas de Europa Occidental, en tanto que otros se desilusionaron en el contacto directo con la mediocre realidad de la economía estatizada y las limitaciones de la planificación centralizada”.
Por último, Boeninger reconoció también paladinamente que “la incorporación de concepciones más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”.[3]
Sin embargo, hasta la fecha el liderazgo de la Concertación ha continuado diciéndole al país que representa una alternativa centroizquierdista al neoliberalismo…
[1] Un modo elegante de señalar que se contemplaban todos los medios eficaces para imponer las transformaciones al país, sin limitación alguna: La desaparición forzada y la ejecución de miles de personas; la detención y tortura de decenas o centenares de miles; el exilio de otras decenas o centenas de miles de chilenos; las exoneraciones por razones políticas de decenas o centenas de miles de trabajadores, estudiantes y docentes; un toque de queda de más de una década; etc.
[2] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999, p. 156.
[3] Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; 369-70.
Felipe Portales
martes, 27 de julio de 2010
El liderazgo de la Concertación debe explicarle también al pueblo chileno porque abandonó su compromiso de luchar por implantar un modelo económico que promoviera la justicia social, en sustitución del sistema neoliberal impuesto por la dictadura. Precisamente, el objetivo fundamental de la dictadura fue la refundación de Chile sobre bases liberales extremas que promovieran el afán de lucro y consumo, el individualismo y la atomización social, con la consiguiente concentración de la riqueza; de acuerdo a las orientaciones prohijadas por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago.
Era claro que el pueblo chileno nunca habría escogido libremente la implantación de un modelo y un sistema tan atentatorio para sus derechos e intereses fundamentales. Es lo que reconoce desembozadamente Andrés Allamand: “Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones.[1] Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema”.[2]
Evidentemente que sin una política de terrorismo de Estado la sociedad chilena se habría opuesto exitosamente a la obra económico-social de Pinochet: Al desmantelamiento de las importantísimas labores de intervención del Estado en la economía desarrolladas a favor de la igualdad y la protección social; a la destrucción del poder de los sindicatos, juntas de vecinos y de los colegios de profesionales y técnicos; a la introducción de sistemas de educación, salud y previsión social regidos por el afán de lucro; a las privatizaciones efectuadas a vil precio a favor de los grandes grupos económicos; a una ley de concesiones mineras que daba lugar a la reprivatización de la mayor parte de la gran minería del cobre; etc.
Todos los partidos que luego formarían la Concertación se opusieron también, frontal y públicamente, a dicha obra económico-social. Sin embargo, una vez en el gobierno los partidos de la Concertación se “olvidaron” de aquellas críticas y emprendieron políticas económicas de “consenso” con la derecha, que legitimaron y consolidaron las “modernizaciones” de la dictadura en el plano laboral, sindical, previsional, educacional, sanitario, minero, agrícola, industrial, financiero, etc.
De este modo, considerando los aspectos estructurales de la sociedad chilena, vemos que no ha habido ningún cambio relevante entre 1990 y 2010. Observamos el mismo Plan Laboral; las mismas AFP e Isapre; la LOCE cosméticamente transformada en la LEGE; la misma ley de concesiones mineras; la misma ley sobre universidades; el mismo rol subsidiario del Estado; etc.
Y nadie puede explicar legítimamente aquello porque los gobiernos de la Concertación no hubiesen tenido las mayorías parlamentarias para transformar, al menos, gran parte de las estructuras anteriores que no quedaron impuestas en base a leyes orgánicas constitucionales, las que requieren 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. El gobierno de Lagos obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras (gracias a los desafueros de los senadores Pinochet y Errázuriz) entre agosto de 2000 y marzo de 2002. Y el gobierno de Bachelet la logró desde su comienzo, manteniéndola varios años. Sin embargo, ninguno de ellos intentó modificar sustancialmente dichas estructuras en la perspectiva de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población.
La explicación de lo anterior la proporcionó la “eminencia gris” de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997: “Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. En el, Boeninger reconoció que el liderazgo de la Concertación experimentó un vuelco en su pensamiento económico que lo llevó a una “convergencia” con la derecha. Señaló, además, que “en este proceso de convergencia económica tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas democratacristianos los que, en contraste con las décadas del 60 y 70, pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales”. Y que “la inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista, a medida que el exilio hizo a muchos conocer y valorar las prácticas capitalistas de Europa Occidental, en tanto que otros se desilusionaron en el contacto directo con la mediocre realidad de la economía estatizada y las limitaciones de la planificación centralizada”.
Por último, Boeninger reconoció también paladinamente que “la incorporación de concepciones más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”.[3]
Sin embargo, hasta la fecha el liderazgo de la Concertación ha continuado diciéndole al país que representa una alternativa centroizquierdista al neoliberalismo…
[1] Un modo elegante de señalar que se contemplaban todos los medios eficaces para imponer las transformaciones al país, sin limitación alguna: La desaparición forzada y la ejecución de miles de personas; la detención y tortura de decenas o centenares de miles; el exilio de otras decenas o centenas de miles de chilenos; las exoneraciones por razones políticas de decenas o centenas de miles de trabajadores, estudiantes y docentes; un toque de queda de más de una década; etc.
[2] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999, p. 156.
[3] Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; 369-70.
Felipe Portales
martes, 27 de julio de 2010
La Concertación debe explicaciones I
Autor: Felipe Portales
Más que una autocrítica por haber perdido las elecciones presidenciales, el liderazgo de la Concertación le debe explicaciones al pueblo chileno por no haber cumplido -¡en veinte años!- sus compromisos de democratizar realmente el país y de sustituir el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura, por otro que posibilite la justicia social.
En efecto, el liderazgo de la Concertación tiene que explicar en primer lugar por qué modificó sustancialmente su concepto de democracia. Recordemos que en la década del 80 aquel liderazgo planteó claramente que la Constitución del 80 era esencialmente antidemocrática; y que debía ser reemplazada por otra que fuera el producto de una Asamblea Constituyente libremente electa por todo el pueblo chileno. Y que, en cambio, a partir de agosto de 1991 –y sin que ninguno de sus rasgos más antidemocráticos hubiese sido eliminado- señaló que dicha Constitución era democrática, solo que “imperfecta”. Así, el entonces presidente Aylwin señaló que “la transición ya está hecha”; que “en Chile vivimos en democracia” y que “esta democracia es susceptible de perfeccionarse”. (El Mercurio; 8-8-1991)
Es decir, para el liderazgo concertacionista ya existía democracia en Chile pese a la subsistencia de un sistema electoral binominal que distorsionaba completamente la voluntad popular en la composición del Congreso Nacional; de quorums para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales que impedían que ellas fueran modificadas sin el concurso de la derecha que las impuso; y de una virtual subordinación del poder político a las Fuerzas Armadas, producto de la inamovilidad de los comandantes en jefe y de un Consejo de Seguridad Nacional tutelar.
Aquellos rasgos ya no eran percibidos como factores que impedían la democracia, sino solo como elementos que la hacían imperfecta. Este giro copernicano se acentuó aún más –si cabe la expresión- cuando en 2005, luego de reformas constitucionales que eliminaron algunos de los dispositivos antidemocráticos de la Constitución del 80 –como la tutela militar formal-, el liderazgo de la Concertación ¡aceptó hacer suya dicha Carta Fundamental! De tal manera que conservando el sistema electoral binominal y los altos quorums requeridos para reformarla -así como los de las leyes orgánicas constitucionales- el liderazgo concertacionista procedió a proclamarla como la “Constitución de 2005”, reemplazando la firma de Pinochet por la de Lagos y de todos sus ministros. Dicho cambio cosmético solo ha servido para la vergüenza histórica de todos quienes lo suscribieron ya que –pese a los pocos años transcurridos- ya nadie toma en serio el que ahora tengamos una “nueva” Constitución.
Es importante destacar que entre los rasgos autoritarios y neoliberales de la Constitución refrendada por el liderazgo concertacionista en 2005 tenemos una concepción decimonónica del derecho de propiedad que solo permite su expropiación previo pago al contado del total del bien, de acuerdo al monto fijado por tribunales; la inexistencia del derecho al trabajo (se estipula solo “la libertad de trabajo”); restricciones para que el Estado desarrolle actividades empresariales; la posibilidad de que el Congreso apruebe hasta por un año –a través de la delegación de de sus atribuciones legislativas- una dictadura económica del Presidente de la República; la proscripción de partidos políticos, movimientos u organizaciones sociales por razones ideológicas; la casi total imposibilidad del Congreso de aprobar leyes que no cuenten con la aprobación presidencial; la virtual inexistencia del recurso al plebiscito en caso de discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; la preservación de la facultad monárquica de indulto presidencial; la prohibición de que diputados y senadores –¡so pena de cesación de sus cargos!- puedan interceder a favor de organizaciones de trabajadores que se encuentren en conflictos laborales; la prohibición también para que alguno de ellos “propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución” –es decir, ¡incluso la promoción de una Asamblea Constituyente!-; la facultad presidencial para decretar hasta por un mes el estado de emergencia al margen del Congreso Nacional; y la prohibición para que los tribunales de justicia puedan “calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción”.
Además, la preservación de la Constitución del 80 ha sido uno de los factores claves que contribuyen a mantener el conjunto de la institucionalidad política, económica, social y cultural impuesta por la dictadura. Las numerosas leyes orgánicas constitucionales y leyes simples dictadas por la Junta de Gobierno, que refundaron la sociedad chilena en la década del 80, se inspiran en dicho texto constitucional y lo refuerzan.
Por último, los planteamientos efectuados por el liderazgo concertacionista -al calor de la reciente campaña presidencial- de volver a propiciar una nueva Constitución serán un nuevo engaño más al pueblo chileno, en la medida que no se planteen a través de una Asamblea Constituyente. En el contexto de la Constitución del 80 es clara la imposibilidad –dado los quorums requeridos- de una profunda reforma de ella sin el concurso de la derecha minoritaria que la impuso.
Felipe Portales
Más que una autocrítica por haber perdido las elecciones presidenciales, el liderazgo de la Concertación le debe explicaciones al pueblo chileno por no haber cumplido -¡en veinte años!- sus compromisos de democratizar realmente el país y de sustituir el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura, por otro que posibilite la justicia social.
En efecto, el liderazgo de la Concertación tiene que explicar en primer lugar por qué modificó sustancialmente su concepto de democracia. Recordemos que en la década del 80 aquel liderazgo planteó claramente que la Constitución del 80 era esencialmente antidemocrática; y que debía ser reemplazada por otra que fuera el producto de una Asamblea Constituyente libremente electa por todo el pueblo chileno. Y que, en cambio, a partir de agosto de 1991 –y sin que ninguno de sus rasgos más antidemocráticos hubiese sido eliminado- señaló que dicha Constitución era democrática, solo que “imperfecta”. Así, el entonces presidente Aylwin señaló que “la transición ya está hecha”; que “en Chile vivimos en democracia” y que “esta democracia es susceptible de perfeccionarse”. (El Mercurio; 8-8-1991)
Es decir, para el liderazgo concertacionista ya existía democracia en Chile pese a la subsistencia de un sistema electoral binominal que distorsionaba completamente la voluntad popular en la composición del Congreso Nacional; de quorums para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales que impedían que ellas fueran modificadas sin el concurso de la derecha que las impuso; y de una virtual subordinación del poder político a las Fuerzas Armadas, producto de la inamovilidad de los comandantes en jefe y de un Consejo de Seguridad Nacional tutelar.
Aquellos rasgos ya no eran percibidos como factores que impedían la democracia, sino solo como elementos que la hacían imperfecta. Este giro copernicano se acentuó aún más –si cabe la expresión- cuando en 2005, luego de reformas constitucionales que eliminaron algunos de los dispositivos antidemocráticos de la Constitución del 80 –como la tutela militar formal-, el liderazgo de la Concertación ¡aceptó hacer suya dicha Carta Fundamental! De tal manera que conservando el sistema electoral binominal y los altos quorums requeridos para reformarla -así como los de las leyes orgánicas constitucionales- el liderazgo concertacionista procedió a proclamarla como la “Constitución de 2005”, reemplazando la firma de Pinochet por la de Lagos y de todos sus ministros. Dicho cambio cosmético solo ha servido para la vergüenza histórica de todos quienes lo suscribieron ya que –pese a los pocos años transcurridos- ya nadie toma en serio el que ahora tengamos una “nueva” Constitución.
Es importante destacar que entre los rasgos autoritarios y neoliberales de la Constitución refrendada por el liderazgo concertacionista en 2005 tenemos una concepción decimonónica del derecho de propiedad que solo permite su expropiación previo pago al contado del total del bien, de acuerdo al monto fijado por tribunales; la inexistencia del derecho al trabajo (se estipula solo “la libertad de trabajo”); restricciones para que el Estado desarrolle actividades empresariales; la posibilidad de que el Congreso apruebe hasta por un año –a través de la delegación de de sus atribuciones legislativas- una dictadura económica del Presidente de la República; la proscripción de partidos políticos, movimientos u organizaciones sociales por razones ideológicas; la casi total imposibilidad del Congreso de aprobar leyes que no cuenten con la aprobación presidencial; la virtual inexistencia del recurso al plebiscito en caso de discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo; la preservación de la facultad monárquica de indulto presidencial; la prohibición de que diputados y senadores –¡so pena de cesación de sus cargos!- puedan interceder a favor de organizaciones de trabajadores que se encuentren en conflictos laborales; la prohibición también para que alguno de ellos “propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución” –es decir, ¡incluso la promoción de una Asamblea Constituyente!-; la facultad presidencial para decretar hasta por un mes el estado de emergencia al margen del Congreso Nacional; y la prohibición para que los tribunales de justicia puedan “calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción”.
Además, la preservación de la Constitución del 80 ha sido uno de los factores claves que contribuyen a mantener el conjunto de la institucionalidad política, económica, social y cultural impuesta por la dictadura. Las numerosas leyes orgánicas constitucionales y leyes simples dictadas por la Junta de Gobierno, que refundaron la sociedad chilena en la década del 80, se inspiran en dicho texto constitucional y lo refuerzan.
Por último, los planteamientos efectuados por el liderazgo concertacionista -al calor de la reciente campaña presidencial- de volver a propiciar una nueva Constitución serán un nuevo engaño más al pueblo chileno, en la medida que no se planteen a través de una Asamblea Constituyente. En el contexto de la Constitución del 80 es clara la imposibilidad –dado los quorums requeridos- de una profunda reforma de ella sin el concurso de la derecha minoritaria que la impuso.
Felipe Portales
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