Por Felipe Portales
El liderazgo de la Concertación debe explicarle también al pueblo chileno porque abandonó su compromiso de luchar por implantar un modelo económico que promoviera la justicia social, en sustitución del sistema neoliberal impuesto por la dictadura. Precisamente, el objetivo fundamental de la dictadura fue la refundación de Chile sobre bases liberales extremas que promovieran el afán de lucro y consumo, el individualismo y la atomización social, con la consiguiente concentración de la riqueza; de acuerdo a las orientaciones prohijadas por la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago.
Era claro que el pueblo chileno nunca habría escogido libremente la implantación de un modelo y un sistema tan atentatorio para sus derechos e intereses fundamentales. Es lo que reconoce desembozadamente Andrés Allamand: “Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones.[1] Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema”.[2]
Evidentemente que sin una política de terrorismo de Estado la sociedad chilena se habría opuesto exitosamente a la obra económico-social de Pinochet: Al desmantelamiento de las importantísimas labores de intervención del Estado en la economía desarrolladas a favor de la igualdad y la protección social; a la destrucción del poder de los sindicatos, juntas de vecinos y de los colegios de profesionales y técnicos; a la introducción de sistemas de educación, salud y previsión social regidos por el afán de lucro; a las privatizaciones efectuadas a vil precio a favor de los grandes grupos económicos; a una ley de concesiones mineras que daba lugar a la reprivatización de la mayor parte de la gran minería del cobre; etc.
Todos los partidos que luego formarían la Concertación se opusieron también, frontal y públicamente, a dicha obra económico-social. Sin embargo, una vez en el gobierno los partidos de la Concertación se “olvidaron” de aquellas críticas y emprendieron políticas económicas de “consenso” con la derecha, que legitimaron y consolidaron las “modernizaciones” de la dictadura en el plano laboral, sindical, previsional, educacional, sanitario, minero, agrícola, industrial, financiero, etc.
De este modo, considerando los aspectos estructurales de la sociedad chilena, vemos que no ha habido ningún cambio relevante entre 1990 y 2010. Observamos el mismo Plan Laboral; las mismas AFP e Isapre; la LOCE cosméticamente transformada en la LEGE; la misma ley de concesiones mineras; la misma ley sobre universidades; el mismo rol subsidiario del Estado; etc.
Y nadie puede explicar legítimamente aquello porque los gobiernos de la Concertación no hubiesen tenido las mayorías parlamentarias para transformar, al menos, gran parte de las estructuras anteriores que no quedaron impuestas en base a leyes orgánicas constitucionales, las que requieren 4/7 de los parlamentarios en ejercicio. El gobierno de Lagos obtuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras (gracias a los desafueros de los senadores Pinochet y Errázuriz) entre agosto de 2000 y marzo de 2002. Y el gobierno de Bachelet la logró desde su comienzo, manteniéndola varios años. Sin embargo, ninguno de ellos intentó modificar sustancialmente dichas estructuras en la perspectiva de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales del conjunto de la población.
La explicación de lo anterior la proporcionó la “eminencia gris” de la transición, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997: “Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”. En el, Boeninger reconoció que el liderazgo de la Concertación experimentó un vuelco en su pensamiento económico que lo llevó a una “convergencia” con la derecha. Señaló, además, que “en este proceso de convergencia económica tuvo significación el acercamiento que se fue produciendo entre los economistas profesionales. En un primer momento fueron los economistas democratacristianos los que, en contraste con las décadas del 60 y 70, pasaron a hablar un lenguaje técnico similar y a compartir conceptos teóricos con los economistas liberales”. Y que “la inserción de una gran mayoría de economistas en un marco común de análisis se fue extendiendo a los teóricos de ideología socialista, a medida que el exilio hizo a muchos conocer y valorar las prácticas capitalistas de Europa Occidental, en tanto que otros se desilusionaron en el contacto directo con la mediocre realidad de la economía estatizada y las limitaciones de la planificación centralizada”.
Por último, Boeninger reconoció también paladinamente que “la incorporación de concepciones más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes”.[3]
Sin embargo, hasta la fecha el liderazgo de la Concertación ha continuado diciéndole al país que representa una alternativa centroizquierdista al neoliberalismo…
[1] Un modo elegante de señalar que se contemplaban todos los medios eficaces para imponer las transformaciones al país, sin limitación alguna: La desaparición forzada y la ejecución de miles de personas; la detención y tortura de decenas o centenares de miles; el exilio de otras decenas o centenas de miles de chilenos; las exoneraciones por razones políticas de decenas o centenas de miles de trabajadores, estudiantes y docentes; un toque de queda de más de una década; etc.
[2] Andrés Allamand.- La travesía del desierto; Edit. Aguilar, 1999, p. 156.
[3] Edgardo Boeninger.- Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; 369-70.
Felipe Portales
martes, 27 de julio de 2010
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